El Gobierno de facto de Honduras suspendió por 45 días las garantías constitucionales, según un decreto al que tuvo acceso hoy la Agencia Efe.
El decreto ordena el desalojo de toda institución pública tomada por manifestantes, el cierre de medios de comunicación que “ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos o atenten contra la ley” y la detención de personas que sean consideradas sospechosas.
La norma fue dictada el pasado 22 de septiembre por el presidente de facto, Roberto Micheletti, en consejo de ministros, y fue publicada ayer, sábado, en La Gaceta oficial, confirmó a Efe una fuente del Gobierno.
La medida se tomó, según el decreto, con el fin de “mantener la paz y la seguridad interior” del país ante la “perturbación grave de la paz” ocasionada por incidentes ocurridos después de que el presidente depuesto, Manuel Zelaya, regresó al país tras su derrocamiento el 28 de junio pasado.
“Se prohíbe la libre circulación, la cual se restringirá conforme a los parámetros” de territorio y duración fijados en los comunicados en los que se establezca el toque de queda, reza el texto.
También se prohíbe, agrega, “toda reunión pública no autorizada por las autoridades policiales o militares”.
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